El Gobierno británico acogerá este año la primera cumbre internacional sobre juegos y apuestas por internet en un intento de proteger a la infancia y prevenir su utilización para el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales.

Así lo señala hoy el diario “Financial Times”, según el cual Londres pretende que se apliquen a escala internacional de medidas que impidan a los niños el acceso a ese tipo de portales de internet.

“Es un problema global, que requiera una solución igualmente global, y por eso se trata de una cumbre tan importante”, afirma la ministra de Cultura del Gobierno laborista, Tessa Jowell.

El Reino Unido se convirtió el año pasado en el primer país industrializado en introducir un marco regulador de ese tipo de actividades, la llamada Ley del Juego.

Sin embargo, señala el periódico, los miembros del Gobierno laborista reconocen que Gran Bretaña está aislada en ese tema dado que otros países, y en especial Estados Unidos, se niegan a regular la industria del juego.

El sector atraviesa una fase de rápido crecimiento: según un informe de Dresdner Kleinwort Wasserstein y Global Betting and Gaming Consultant, el año pasado generó en todo el mundo ingresos del orden de los US9,300 millones, cifra que este año podría duplicarse.

Según el FT, Australia, Suráfrica y Nueva Zelanda se han felicitado en privado de la iniciativa británica, y Londres ha invitado también a países que acogen igualmente ese tipo de actividades por internet como son Malta, Costa Rica y Antigua.

No se sabe si Estados Unidos enviará a representantes a la cumbre. Pese a que es el mayor mercado del sector de juegos y apuestas por internet, en ese país reina la incertidumbre legal al respecto.

Así, han fracasado los intentos sucesivos de impedir las apuestas por ese medio a pesar de que algún congresista, como el senador republicano John Kyl, ha intentado introducir medidas legislativas para prohibirlas.

Sin embargo, el ministerio de Justicia de Estados Unidos sostiene que el hecho de facilitar las apuestas por internet a los residentes en territorio de ese país viola sus leyes federales.